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Introducción

El 16 de abril de 2012, a las 22:30, la policía acudió a mi departamento en Kalasalingam University y me ordenó que los acompañara, junto con mi hija de cinco años, a la ciudad de Madurai, supuestamente para identificar el cuerpo de Cécile Denise Acosta Reynaud, la madre de mi hija, quien se encontraba desaparecida desde hacía algunos días.

En Madurai fui torturado durante seis horas: fui golpeado repetidamente en sienes y orejas, dejando mi capacidad auditiva dañada de manera permanente; se me esposó a una banca con los brazos estirados hacia atrás y mis piernas fueron abiertas a la fuerza, generando un desgarre que tardó nueve meses en sanar; mis dedos fueron doblados hacia los lados, provocando un dolor que tardó seis meses en quitarse y me dejó algunos dedos permanentemente torcidos. Pretendían obligarme a firmar una “confesión” afirmando que yo había matado a la madre de mi hija. Cuando los policías que dirigían el “interrogatorio” comentaron sobre lo bien que habían tratado a mi hija, quien en ese momento dormía en un cuarto aledaño, inmediatamente cedí y ofrecí firmar lo que fuera con tal de que se respetara absolutamente la integridad de mi hija.

Tras 95 días en la cárcel salí bajo fianza. No tengo permitido salir de India. Mi juicio tardó más de dos años en empezar y se ha prolongado por más de seis años, principalmente porque la fiscalía lo extendió tanto como pudo (tardó más de cuatro años y medio).

El documento donde se me acusa oficialmente me fue entregado más de once meses después de mi arresto. Entonces me di cuenta de que casi toda la evidencia era falsa (hasta entonces, había creído que se trataba de un error y que sería muy fácil mostrarlo en el juicio). Cabe mencionar que, además, la evidencia es poca y no muy contundente. Aún si toda fuera cierta, no sería suficiente para condenarme de acuerdo con la ley, ni por lejos. Pero además, casi toda es falsa.

Desde poco después de mi arresto, ha habido una campaña difamatoria en mi contra en medios de comunicación y redes sociales. No puedo responder a ella hasta que termine mi juicio, dado que no puedo develar prácticamente nada de información: dado que casi toda la evidencia es falsa, si yo digo cómo puedo mostrar su falsedad, la fiscalía puede “enmendar” su caso, retirando lo que no les convenga y apoyándose en lo que sí, o fabricando más evidencia falsa. Si bien esto era más importante mientras la fiscalía exponía su caso, sigue siendo relevante hasta que no termine la argumentación. Si bien esto es un procedimiento estándar en casos legales, es mucho más delicado en uno donde prácticamente toda la evidencia es falsa. Además, si la policía me torturó y me imputó un crimen sin razón alguna, ¿qué hará si muestro evidencia de la tortura y de que no hay base alguna para acusarme?

Por si fuera poco, al principio se suponía que el caso tomaría “de tres a seis meses”; desde principios de 2018 eso se convirtió en “un máximo de tres meses”; sólo cuando se cerraron las cortes por la pandemia a finales de marzo de 2020 se hizo oficial que podría tomar más, de acuerdo con la situación sanitaria. En total, van más de ocho años: si yo hubiera sabido desde un principio que tardaría tanto, probablemente habría tomado otra postura al respecto, a pesar de los riesgos.